Una sociedad con barreras impide que las personas con discapacidad tengan una forma de vida independiente, autónoma y activa en la sociedad. "Hablar de accesibilidad universal es hablar de la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos, servicios, herramientas y dispositivos para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad, de la manera más autónoma y natural posible. Hablar de accesibilidad universal, presupone la estrategia de diseño para todas las personas", señalan desde Cogami.

Si no hay acceso a edificios, al transporte, a la información y comunicaciones, a los servicios e instalaciones de uso público, al patrimonio cultural, a todos los ámbitos de la participación de la vida pública y servicios existentes, las personas con discapacidad no tienen las mismas oportunidades para participar plenamente en la sociedad. Por lo tanto, puede constituir una violación de sus derechos porque sufren una discriminación. 

“Entristéceme que a día de hoy sigamos hablando de accesibilidad”, apunta el presidente de Cogami, Anxo Queiruga, quien añade “nos preocupan las barreras arquitectónicas pero también las mentales, porque estas limitan aún más a las personas con discapacidad. Hay unos estereotipos asentados que indican que la persona con discapacidad es homogénea y no se corresponde con la realidad”.

A día de hoy, una de las más incumplidas es la normativa que regula las condiciones de accesibilidad que se deben cumplir para garantizar el derecho a vivir de manera independiente. A esto se le suma la demora de más de cinco años del reglamento de la Ley 10/2014 de 3 de diciembre de accesibilidad de Galicia, lo que provoca que queden sin efectividad muchas de las referencias legales de la Ley. Por lo tanto, desde la confederación esperan que la finales de este año salga adelante la aprobación de este nuevo decreto de accesibilidad de Galicia.

Otra barrera importante es la diferencia en la cantidad de servicios que ofrecen las zonas rurales con respeto a las urbanas. "Galicia es una comunidad con más núcleos de población en la zona rural, donde se hace necesario dotarla de servicio de transporte adaptado para cubrir desplazamientos básicos de las personas con movilidad reducida como asistencia a una cita médica, la una gestión administrativa o mismo la una superficie de alimentación", señalan.

Son muchas las personas que siguen cerradas en sus casas, condenadas a no poder salir a la calle porque tienen que superar unas escaleras y carecen de la posibilidad de dotar el inmueble con un ascensor, como la falta de recursos económicos, la falta de consenso en la comunidad vecinal o falta de espacio para poder habilitarlo. "Desde los movimientos asociativos exigimos cambios efectivos en la normativa a nivel estatal que promueva y favorezca la realización de obras y actuaciones de accesibilidad en aquellas edificaciones sujetas a la propiedad horizontal, especialmente en las zonas comunes por ser las que mayor conflictividad generan", explican en su comunicado. 

Con respeto a la usabilidad de las viviendas, Queiruga apunta que “hace falta ampliar las ayudas y subvenciones que promuevan la mejora y adaptación de la accesibilidad en el parque de viviendas existente, priorizando aquellas solicitudes realizadas por personas con discapacidad o comunidades en las que residen personas con discapacidad”.

Otra demanda de Cogami es la necesidad de impulsar la promoción de viviendas de protección oficial accesibles, asegurando que las personas con discapacidad tengan la oportunidad de elegir su lugar de residencia.

El Servicio de Información de Cogami recibe anualmente consultas, siendo la accesibilidad una de las temáticas que más se repite, como las 98 remitidas durante este año, algunas solicitando información sobre la instalación de un ascensor, salva escaleras o automatismos para la apertura de puertas con mecanismos motorizados y sobre ayudas públicas existentes. 

La entidad cuenta con un área de Accesibilidad gratuita para personas con discapacidad y familias, en el que personal técnico se desplaza hasta la vivienda particular para realizar un informe técnico sobre las posibles mejoras que se pueden adoptar. Durante este año, esta área realizó 32 intervenciones, es decir, consultas que implican desplazarse hasta el lugar para analizar la zona y realizar un informe.

Otras consultas recibidas solicitaban información de obras en viviendas de alquiler. Cogami recuerda a las personas arrendatarias que tienen derecho, siempre que previamente lo notifiquen por escrito a la persona arrendadora, a la realización de actuaciones necesarias en el interior de la vivienda acordes a la discapacidad o edad de la persona arrendadora o con la que convive, con la previsión de reponer la vivienda al estado anterior si así lo exige la arrendataria.

La este servicio también llegaron quejas como las nueve denuncias efectuadas durante este año, algunas tras los comicios municipales y estatales por falta de accesibilidad en colegios electorales; otras sobre el funcionamiento del transporte ferroviario y de autobús urbano e interurbano; por la escasez de taxis adaptados en las ciudades; falta de plazas reservadas en el transporte marítimo; por la falta de parques infantiles con juegos para menores con movilidad reducida y también para denunciar la falta  de espacios y plazas para asistir a espectáculos culturales. 

Desde Cogami quieren visibilizar durante todo este año una campaña de sensibilización sobre las necesidades que presentan las personas con discapacidad y familias. Es una llamada a la acción para mostrar la realidad que viven millares de personas actualmente.

En el mes de septiembre "reivindicamos la accesibilidad universal porque contribuye a la construcción de una sociedad diseñada para todas las personas y, por lo tanto, más inclusiva, con las mismas oportunidades para la plena participación social".  

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